Brindamos servicios legales de reputación internacional a las principales empresas, entidades financieras, estados soberanos y fundaciones.

QUIENES SOMOS

El Estudio Durrieu se dedica al derecho internacional, compliance y al derecho penal económico,  abarcando bajo tal denominación las distintas ramas que componen el derecho punitivo, el gobierno corporativo y derecho global de los negocios. La actividad se desarrolla tanto en el orden nacional como internacional.

Cuenta con una red de corresponsales en todo el país y en el extranjero (RIEDPE), lo que le permite brindar asistencia integral en la materia. Cabe destacar que se presta asesoramiento a fin de prevenir situaciones de conflicto, se ejerce en representación de los clientes el derecho de defensa o, cuando estos son víctimas de acciones legales.

Algunos de nuestros clientes: 

– AstraZeneca, JP Morgan, Merrill Lynch Bank, USA Embassy in Argentina, Gobierno de los Estados Unidos, VTB Bank, Madalena Energy SA, Centaurus Energy Inc., Christie’s, Sotherby’s. TrueStar Group, Synapsis Trading SLU, KPMG, RIPIO y la Fundación Victims International.

Con el objetivo de satisfacer los requerimientos y necesidades actuales, el Estudio se halla capacitado para asesorar tanto en idioma español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués.

El Estudio se enorgullece de ubicarse en la lista de estudios jurídicos sugeridos por las embajadas de EE.UU., Inglaterra, Italia, Israel, Canadá, Rusia y China.

El Estudio provee servicios de consultoría y jurídicos en cortes y foros regionales o internacionales. Es miembro de RIEDPE, la Red Internacional de abogados especializados en la lucha contra el fraude y la recuperación de activos, y las Oficinas de Asuntos Exteriores de EE.UU., Reino Unido y Francia en Argentina han recomendado el estudio para posibles consultas de sus ciudadanos.

Nuestra Historia

En 1952, el Dr. Roberto Agustín Durrieu (abuelo del fundador de la firma) se desempeñó como juez en Capital Federal, luego de una extensa carrera judicial. Estando interinamente a cargo de un juzgado, debió intervenir en la clausura del diario La Prensa ordenada por el Poder Ejecutivo. Al comprobar que la acusación era infundada, ordenó la reapertura del diario y lo devolvió a sus propietarios. Al día siguiente, fue trasladado a la provincia de Formosa como juez federal. No aceptó el traslado inconstitucional y renunció.

El Dr. Carlos Podestá, que en ese momento se desempeñaba como secretario de instrucción, le propuso fundar un estudio jurídico dedicado al derecho penal y constitucional. Así, en ese año, se fundó el estudio jurídico «Podestá & Durrieu».

Posteriormente, en 1956, el Dr. Durrieu fue designado juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, lo que modificó la composición del estudio jurídico tal como había sido desde sus inicios.

En 1958, durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, se decidió que el Dr. Durrieu asumiera la presidencia de la Cámara Criminal de Capital Federal, cargo que ocupó hasta 1963 cuando renunció por circunstancias políticas.

De este modo, el estudio «Podestá & Durrieu» reanudó sus actividades. Poco después, el estudio adoptó el nombre de «Durrieu, Podestá & Guyot», ya que Alejandro y Héctor Guyot compartían el mismo edificio con los dos primeros.

El Dr. Roberto Agustín Durrieu también se desempeñó dos veces como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante estos años, donde enseñó Derecho Procesal Penal. Además, fue juez subrogante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos notables como «Bustamante» (1968), entre otros.

Con el tiempo, en el año 1967, el Dr. Roberto José María Durrieu (padre del fundador de nuestro estudio) se incorporó al estudio en la especialidad que ya había elegido, iniciando su carrera como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como Consejero Alumno, Profesor Adjunto por concurso y Secretario Académico. Además, el Dr. Roberto J.M. Durrieu se desempeñó como asesor, director y subsecretario de Estado de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Tras regresar al ejercicio privado de la profesión en 1984, Roberto J. M. Durrieu llevó a cabo otra integración del estudio. Por un lado, se había constituido el estudio «Podestá & Guyot» y, por el otro, el estudio «Rodríguez Varela & Durrieu», presidido por el Dr. Alberto Rodríguez Varela, quien comenzó a ejercer la profesión junto con el Dr. Roberto J. M. Durrieu (padre del co-fundador de la firma).

Luego, en el año 2002, el estudio liderado por Roberto J.M. Durrieu, junto al Dr. Roberto Durrieu Jr. y otros prestigiosos profesionales, conformaron el estudio «Durrieu Abogados», desde donde, luego de más de quince años de ejercicio profesional junto a su padre, en noviembre de 2017, el Dr. Roberto Durrieu Jr. decidió dejar el estudio familiar para crear una nueva firma enfocada en casos de litigios transnacionales y transfronterizos, junto con casos de compliance, derechos humanos, recuperación de activos, ciberdelitos, anti lavado de dinero, investigaciones corporativas y delitos empresariales.

Desde marzo de 2019, Roberto Durrieu Jr., junto con el Dr. Tomás A. Guido y el Dr. Salvatore Tolone Azzariti, conformaron el nuevo estudio jurídico mencionado, bajo la denominación de «Roberto Durrieu & Asoc.» (CUIT 30-71635842-5), que utiliza la marca «Estudio Durrieu», registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) bajo las Actas N° 3659271 y N° 3663564.

Al día de la fecha, después de un proceso de institucionalización de la firma, contamos con un equipo de más de 20 personas, entre personal administrativo, abogados asociados, pasantes y socios. Adicionalmente, contamos con una extensa red de corresponsales en todo el país que han colaborado en nuestra labor durante los años de ejercicio profesional. Finalmente, a nivel internacional, formamos parte de RIEDPE «Red Internacional de Especialistas en Derecho Penal Económico», entre otras redes profesionales globales, como la Fundación Internacional de Víctimas («Victims International»).

Durante el paso del tiempo, hemos implementado métodos de trabajo ágiles y eficientes, e incorporado nuevas tecnologías de la información para liderar el mercado internacional y regional en el que operamos. Hemos sido premiados por Chambers & Partners, Latin Lawyer, Best Lawyers y Legal 500 como la mejor firma de Argentina (tier #1) en los rubros «White Collar Crimes», «Criminal Defense», Cybercrimes» y «Asset Recovery».

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE PARTICIPA EL ESTUDIO

– Asociación de Bancos Argentinos

– Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Intelectual

– Association Internationale de Droit Penal

– Cámara Argentina de Comercio

– Club de Abogados de Empresa

– Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

– Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina

– Federación Interamericana de Abogados

– RIEDPE

– FORES

– International Law Association, Sección Derecho Penal Económico

– International Bar Association, Sección w, Derecho Penal Empresario

– International Criminal Law Association

– Martindale – Hubbell

– Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires

NUESTROS PROFESIONALES

Los socios del Estudio tienen un largo historial representando instituciones, estados soberanos, fundaciones y personas físicas en casos complejos de delitos de cuello blanco, derechos humanos y transnacionales. Nuestra práctica de delitos empresariales y recuperación de activos cuenta con algunos de los abogados penalistas más respetados del país, muchos de los cuales han sido fiscales o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Asesoramos y representamos a clientes en investigaciones corporativas internas, responsabilidad penal de investigaciones legales, y juicios de delitos constitucionales y económicos que involucran acusaciones de fraude, compliance, violaciones a la privacidad, uso de información privilegiada, delitos ambientales, lavado de activos, soborno, delitos bancarios y cambiarios, delitos criptográficos, ciberdelitos, delitos fiscales, casos de extradición y acuerdos de asistencia jurídica mutua entre países.