La seguridad presidencial debe estar en alerta. Macri tiene que escapar asiduamente a los piedrazos, adoquines e insultos a la entrada y salida de actos públicos. El chasis y los vidrios de su camioneta resultan muchas veces machacados por objetos macizos. Su familia también sufre la inseguridad. Se arrestó a quien amenazó al *911 y por correo electrónico a la mujer y a la hija menor del Presidente. Es que ciertos grupos informales de poder, sin representación gremial ni democrática, aún conservan su predominio desmoralizador y violento, basado en la intimidación de los palos, las máscaras y bombas de estruendo y de humo.
Pero las agresiones, los odios viscerales y ataques contra la figura presidencial no son una novedad en nuestra historia. Domingo F. Sarmiento, Julio A. Roca y más cerca en el tiempo Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín fueron también víctimas de similares atracos.
El que tuvo más suerte, quizá, fue Alfonsín, que salvó su vida de «milagro». Ocurrió el 23 de febrero de 1991, cuando el expresidente se encontraba subido a un precoz palco, armado en la puerta del comité radical de la ciudad de San Nicolás. El expresidente había iniciado una gira proselitista maratónica por la provincia de Buenos Aires, cuando una persona mezclada entre la muchedumbre sacó un revólver, apuntó y le disparó a quemarropa. Se escuchó el estallido. En el palco, el histórico custodio de Alfonsín, Roberto Lapuyade, y otros tres correligionarios se abalanzaron sobre el exmandatario y lo cubrieron en el piso. El malhechor fue reducido rápidamente por la muchedumbre y la policía. Y Alfonsín, por su parte, se levantó, tomó el micrófono, pidió calma y terminó su discurso. Fue despedido con ovaciones. Su intención era no arruinar el acto público.
Lo providencial del asunto lo marcan las declaraciones del juez Alberto Moreno, a cargo de la investigación: «La pistola estaba percutada, el plomo había salido de la vaina y se detuvo al inicio de su recorrido; circunstancia infrecuente, porque al quedar la bala en esa posición, trabó el tambor impidiendo así que este girara y se continuara la secuencia». Se trató, así, de un verdadero milagro de San Nicolás. El sujeto del arma resultó ser un tal Ismael Abdala, de 29 años. Había trabajado en Somisa y antes de eso en Gendarmería. Sus verdaderas motivaciones nunca fueron esclarecidas. Se lo acusó de tentativa de homicidio, estuvo en prisión (preventiva) y a los dos años fue liberado.
Una reflexión: cuánta violencia sufrió nuestro país, muchas veces enfrentado por pasiones incontrolables y aventureras, muchas veces pergeñadas por adolescentes soñadores o masas de poder paraestatal que se escudan en la defensa de los derechos «nacionales y populares».
Y un llamado de atención: proteger la figura presidencial resulta una obligación del Estado. Atentar contra ella, conlleva un detrimento directo y perfecto contra la estabilidad democrática. Las calles no pueden transformarse en escenario de batallas campales, signadas por tiros, corridas, botellazos e insultos. El derecho a protestar y a la huelga debe alinearse con las garantías a la libre circulación, tránsito y respeto hacia el otro; incluso cuando se trata de la autoridad pública, que también tiene derecho a preservar su honor, libertad, intimidad e integridad física. Y sobre todo si se trata del jefe de Estado: pilar fundamental de nuestras instituciones.
Doctor en Derecho
Por: Roberto Durrieu Figueroa[